La segunda edición del premio a la mejor iniciativa ciudadana ya tiene un ganador: una ONG con base en el barrio La Cava, San Isidro, que desde 2001 en forma voluntaria, trabaja con jóvenes de bajos recursos de la zona con énfasis en el acceso a la ciudadanía.
Jorge Álvarez, presidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (IADEPP), fue de los más de 100 lectores que dejaron su proyecto en Plaza Pública. En esta segunda edición del premio, el jurado eligió su iniciativa para que las personas de bajos recursos, en particular niños y adolescentes, puedan acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los vecinos de La Cava esperan para recibir asesoramiento y sacar su DNI.
“Nosotros buscábamos crear un puente entre el Derecho escrito y el acceso al Derecho. Porque nos dicen que somos millonarios en derechos pero nunca sabés donde cobrar ese cheque”, afirma Álvarez.
No tener documento es mucho más que un trámite. Implica ser invisible para la sociedad y estar condenado a la “clandestinidad”...
Ser indocumentado es otra de las trabas para salir de la exclusión porque no permite anotarse en la escuela secundaria, tener un trabajo en blanco, operarse o seguir un tratamiento en un hospital o conseguir un plan social. La falta de un DNI puede además ser motivo de detención y aumentar las posibilidades de ser víctima de abusos, del tráfico de personas, o hasta de ser enterrado en una tumba como NN.
“Madres pobres sin documento traen aparejada más precariedad porque tampoco pueden inscribir a sus hijos, y esos chicos sin DNI no existen”, advierte Álvarez.
Aunque los menores indocumentados no parecen estar en la agenda pública, Álvarez destaca que “la provincia de Buenos Aires reconoce la gravedad del tema, al punto que habla de que, en el 2º y 3º cordón del conurbano, 2 de cada 10 menores no están inscriptos, lo cual significa que el problema se agravó en los últimos años, producto de la desintegración social. Estos datos son una bomba de tiempo hacia delante”.
Según un estudio del Ministerio de Gobierno bonaerense –que tiene medio centenar de delegaciones del Registro Provincial de las Personas que funcionan dentro de hospitales públicos provinciales y municipales en la provincia-, el 18% de las madres no anota en el Registro Civil a su bebé antes de irse del hospital y sólo se llevan una constancia de parto.
“Después de los 6 meses los trámites para sacar un DNI se vuelven más engorrosos tanto por la burocracia estatal como por las limitaciones que tienen estas personas de distintas índole, desde el costo del transporte y ciertos trámites, hasta la falta de información sobre los procedimientos”, sostiene Álvarez.
Según la ley 26.061 cuando una persona nace, “los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento” en el Registro Civil. Superado ese plazo, los padres deben acudir a una Defensoría pública. Si el chico tiene más de 6 años, la inscripción la tiene que ser autorizada por un juez.
Justamente, el IADEPP se ocupa de ayudar a estas personas a las que se les vencieron los plazos y desconocen los derechos a los que no pueden acceder por la falta del documento.
“La indocumentación muchas veces no es voluntad de la madre”, advierte Álvarez para quien el Estado no ofrece la ayuda necesaria para facilitar la inscripción. “En las oficinas estatales no dan lugar para la repregunta, si a una persona le falta un papel, tiene que volver a su casa, eso implica tomarse dos colectivos y, entonces, no vuelve más”, ejemplifica.
En otros casos los motivos son las cuentas pendientes con la Justicia. “Los adolescentes que tiene problemas con la Policía no quieren hace el trámite o ir al Defensoría por miedo a que los detengan. Pero nadie los puede privar de su identidad. Las cuestiones de la Justicia se resuelven en otro lugar, son dos ventanillas totalmente distintas”, reflexiona.
Para su sostenimiento, el IADEPP hizo alianzas con otras organizaciones y sus miembros pagan una cuota mensual con la que solventan el acompañamiento judicial de de las familias. Pero como la demanda aumenta y la plata nunca alcanza, se presentaron al Programa Alfredo Pochat con la idea de adquirir un sistema informático para organizar la documentación que se apila día a día en el espacio que les cede la Casa Galilea, en San Isidro, para funcionar.
“A cada persona que se acerca, le abrimos una carpeta y nos resulta imprescindible ordenar los papeles de alguna manera para facilitar un seguimiento personalizado y que cada uno de nosotros pueda dejar una anotación sobre el avance o novedad de cada caso. Hoy, en tres horas que atendemos un día por semana en La Cava, tenemos más de 100 consultas. Contar con un software propio va a ser un antes y un después”, afirma esperanzado.
Para acercar donaciones o ver el trabajo que realizan se puede contactar al IADEPP los viernes de 10 a 14 en Casa Galilea, Alvarado 1355, del barrio La Cava en San Isidro.
En San Fernando funcionan en la sociedad de fomento de Villa Nágera, Junín 2432.
Y en Avellaneda la Defensoría del Pueblo, Av. Mitre 2464.
Fuente: weblog Plaza Pública (Clarín)
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