sábado, 23 de febrero de 2013

La sustancia real detrás del Relato


El 22 de Febrero de 2012 un tren a la velocidad de una bicicleta mato a 51 personas y dio inició a un conjunto de preguntas que aún no sabemos como responder, ya que nos preguntamos;

¿Porque no se detuvo el tren? ¿No le andaban los frenos? ¿Fue negligencia de una persona o esa persona estaba al mando de un tren que no estaba en condiciones de viajar? ¿Qué un tren no pueda frenar es responsabilidad del MOTORMAN o es la ausencia de inversión durante un tiempo prolongado? ¿Qué relación existe entre las políticas de subsidio a la oferta por parte del Estado Nacional y el deterioro en la prestación de servicios?
¿Quién controla la prestación de los servicios de transporte público? ¿Los que controlan la prestación de los servicios de transporte son los encargados de la política de subsidios? ¿Se auditaba a las empresas de transporte (no solo los trenes sino también micros de corta y larga distancia) para saber que se hacía con ese dinero? ¿que papel jugaron los dirigentes ferroviarios que estuvieron involucrados en el asesinato de Mariano Ferreyra?
¿Si hubo ausencia de inversión fue responsabilidad de los dueños de las empresas concesionarias o contó con la complicidad de quiénes renovaban los subsidios mensualmente?¿Se presto atención a los diferentes informes que al respecto llevo a cabo la Auditoria General de la Nación? ¿Si no se presto atención porqué? ¿Quién controlo el estado de los trenes durante el proceso de transferencia de subsidios? 
¿Qué papel cumplió el ex Secretario de Transporte en la conformación de un sistema donde se decidió subsidiar a la oferta de los transportes públicos?

¿Es posible que los empresarios se vieran obligados a participar de un sistema de retornos con la política de subsidios teniendo que retornar un porcentaje mensualmente? ¿Qué relación existe entre este tipo de sospecha y el crecimiento descomunal del patrimonio del ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime¿Jaime fue funcionario desde 2003 hasta 2009 de los gobiernos de Nestor Kirchner y de Cristina Fernandez respectivamente?
¿Sería Nestor Kirchner un líder político débil al cual sus subalternos podrían engañar llevando adelante durante tantos años una política de retornos sin su conocimiento? ¿Estaba al tanto pero hacía la vista gorda?

¿Se modifico esa política cuando Ricardo Jaime abandono su cargo y fue reemplazado por Juan Pablo Schiavi? ¿En el caso de continuarse con la misma política de subsidiar la oferta sin controlar el destino de los fondos podríamos estar en condiciones de hablar de un sistema integral de corrupción que involucro a las principales figuras del poder en la argentina y no un kiosco aislado de un funcionario corrupto?
¿Una vez sucedido la tragedia de ONCE el silencio oficial de la máxima autoridad del estado se debió a un impacto emocional o a la conciencia plena de un grado de involucramiento de su administración?

¿La posterior caducidad de la concesión a TBA por parte del Gobierno Nacional permitió iniciar una profunda investigación que determine los responsables de una práctica corrupta o por el contrario se garantiza la impunidad de estos?

¿La negación en la agenda oficial de la existencia de las victimas de la tragedia de ONCE obedece a la necesidad de mantener cerrado el caso para que no se conozca quiénes realmente están involucrados en el sistema de corrupción que se le imputa exclusivamente a Ricardo Jaime?

¿Luego de diez años de crecimiento de la economía argentina los trenes, los subtes, las rutas o la red de micros de corta y larga distancia es mejor que la existente en el año 2003?

A un año, preguntas que aún no tienen respuesta.

jueves, 7 de febrero de 2013

Chicos sin documentos, la otra exclusión.


Hay una Argentina que no ha sido beneficiaria de las políticas de inclusión y sigue siendo invisible.
Es la Argentina integrada por 168 mil niños argentinos indocumentados que han sido cuantificados en el informe “Indocumentados, la cara invisible de la pobreza” realizado en forma conjunta entre el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y Instituto Abierto para el Desarrollo Social (IADEPP).
Indocumentados son aquellas personas que no fueron inscriptas por sus padres al nacer. Por ende carecen de una partida de nacimiento y de un número de DNI.
Por decirlo con toda claridad, son invisibles a las estadísticas o los censos que realiza el Estado. Excluidos, dentro de los excluidos.
Estructuralmente se trata de familias sin ingreso estable, con condiciones de precariedad habitacional, con mayor propensión en hogares monoparentales a cargo de mujeres, así como hogares con gran cantidad de niños y familias extendidas. Para dimensionar y cuantificar la magnitud de esta problemática deberíamos sumar a la población de las ciudades bonaerenses del Partido de la Costa y Olavarría.
“Indocumentados, la cara invisible de la pobreza” es el primer informe estadístico que se hace en nuestro país sobre la situación de las personas indocumentadas (hasta aquí sólo existían presunciones o cálculos de algunas ONG´s especializadas), que permite conocer con detalles la impericia de las políticas sociales para erradicar las situaciones de exclusión estructural.
Desde el año 2009 el Estado Nacional, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, facilita la inscripción de niños indocumentados en los registros civiles con la constancia de parto y dos testigos que acrediten su identidad. Este trámite, sumado a la Asignación Universal por Hijo y la digitalización documentaria para los recién nacidos, nos llevaría a pensar en la erradicación de este flagelo.
Sin embargo, nada de eso ha sucedido, ya que la investigación a la que hacemos referencia demuestra que el porcentaje de niños indocumentados menores de cuatro años duplica a la media existente en otras franjas etarias.
Frente a la verborragia inclusiva que afecta a los voceros oficiales y el apabullante silencio de quienes aspiran a reemplazarlos, existe un contingente de NN que nadie contempla, mientras sus vidas transcurren fuera del acceso a derechos esenciales, como es elderecho a la identidad.
Se trata de una deuda social de la cual nadie puede desentenderse y que amerita ser reconocida como una clara violación a los derechos humanos mientras cumplimos treinta años de democracia estable.
Publicado en Clarín (ver aquí)